Objetivos

La APTIJ nació en 2007 de la necesidad de agrupar al colectivo de traductores e intérpretes del ámbito judicial a iniciativa de un grupo de traductores-intérpretes de plantilla de la administración de justicia dependiente del Ministerio de Justicia. Posteriormente se amplió sucesivamente a los traductores-intérpretes jurados, a los traductores e intérpretes que actúan en sede policial y a los docentes e investigadores de estos ámbitos.  

 

Los fines de la asociación son:  

 

- Contribuir a la dignificación y profesionalización de la actividad de los traductores e intérpretes judiciales, así como a la de los traductores-intérpretes jurados. Con la denominación «traductores e intérpretes judiciales» nos referimos a aquellos que intervengan en cualquier causa policial o judicial independientemente de la fase en que se encuentre el procedimiento.  

 

- Proponer y consolidar criterios de ética profesional que orienten la actuación de los socios en el ejercicio de sus funciones. Formular y mantener estándares de ética profesional, práctica y competencia.

 

- Dar a conocer la figura profesional del traductor-intérprete judicial a los profesionales del Derecho y establecer un cauce de comunicación entre los traductores e intérpretes judiciales y los profesionales del Derecho y demás operadores jurídicos. Divulgar la figura profesional del traductor-intérprete jurado y sus funciones entre los usuarios de la traducción-interpretación jurada, y servir de referente para dichos usuarios.

 

 

- Actuar como representantes, interlocutores y asesores ante las distintas administraciones públicas en materia de traducción e interpretación jurídica, judicial y jurada, y ante las empresas que, con dignidad y profesionalidad, presten este tipo de servicios tanto a particulares como a cualquiera de las administraciones y entidades en sede judicial y policial.  

 

- Establecer canales de comunicación entre los profesionales del sector y las distintas comunidades autónomas y los órganos centrales de la administración de Justicia y de Interior, así como con el resto de las administraciones públicas y promover un sistema de cooperación e intercambio de información entre los traductores e intérpretes judiciales y jurados.

 

- Asesorar a los asociados en aspectos relacionados con el ejercicio profesional de la actividad de traductor-intérprete.