¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra un traductor e intérprete judicial o policial?

La plantilla de traductores e intérpretes judiciales está formada en nuestro país por un disperso y reducido número de empleados públicos dependientes, o bien del Ministerio de Justicia, o bien de los correspondientes órganos de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. Las precarias condiciones laborales y las dificultades con las que se enfrentan a diario estos traductores-intérpretes responden a una situación similar, fruto del amplio desconocimiento que existe sobre sus funciones y su desempeño profesional.

 

Por otro lado, la plantilla de traductores e intérpretes policiales presta sus servicios en el Ministerio del Interior y, aún siendo más numerosa que la de los órganos judiciales, tampoco es suficiente para cubrir la gran demanda existente ni cuenta con los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus funciones. Todas estas circunstancias, unidas al desconocimiento de la profesión, están contribuyendo a que no se den las condiciones idóneas de trabajo que cabría esperar.  

 

Debe asimismo mencionarse la cuestión del encuadramiento profesional de estos empleados públicos. Los traductores e intérpretes que forman parte de las plantillas del Ministerio de Justicia y del Interior son personal laboral encuadrado en el grupo 3 (titulación requerida: bachiller).

 

Por otra parte, existen grandes diferencias entre las comunidades autónomas a las que han sido transferidas las competencias de justicia en lo que respecta a la categoría profesional de la plantilla de los traductores e intérpretes que actúan en sede judicial. Por ejemplo, en el País Vasco, Madrid y Canarias se les ha encuadrado en el grupo 1 (licenciados) y en Andalucía están en el grupo 2 (diplomados). Sin embargo, en otras comunidades, como Asturias o la Comunidad Valenciana, siguen perteneciendo al grupo 3 (bachiller), al igual que en los Órganos Centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) y en las comunidades que dependen del Ministerio de Justicia.

 


En el siguiente enlace de la RITAP (Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública) se puede consultar y descargar el Libro Blanco de la Traducción e Interpretación Institucional en España: http://www.ritap.es

 

 

Así pues, nos encontramos con la paradoja de que en los Juzgados de la Plaza de Castilla, dependientes de la Comunidad de Madrid, el traductor-intérprete judicial de plantilla es licenciado, mientras que en la Audiencia Nacional, dependiente de la Administración del Estado, es bachiller. Sin embargo, a pesar de que dicha administración no exija una titulación universitaria a sus traductores-intérpretes, se da la circunstancia de que casi todas sus plazas están ocupadas por personas que sí la tienen, lo que es casi inevitable dada la complejidad que entraña la profesión y la responsabilidad que implica traducir e interpretar en procedimientos judiciales, algunos tan delicados como, por ejemplo, los relacionados con el terrorismo. Como sucede con el resto de operadores jurídicos que intervienen en las distintas fases del procedimiento (abogados, magistrados, fiscales, etc.), es obvio que ha de garantizarse también la presencia de traductores e intérpretes cualificados.  

 

El panorama de la traducción e interpretación policial y judicial se completa con otro elemento: la externalización del servicio a través de los distintos procedimientos de licitación pública convocados por los ministerios de Justicia y del Interior y por las comunidades autónomas. Esta situación coexiste con el sistema de provisión del servicio por traductores-intérpretes en plantilla. La externalización supone la intervención de una empresa intermediaria entre el traductor-intérprete y el juzgado o la policía. La función de las empresas es atender a las solicitudes de traducción e interpretación presentadas por los órganos policiales y judiciales, proveer a dichas instituciones del traductor-intérprete requerido y pagar a este por sus servicios. El problema que surge deriva de la ausencia, por parte de la administración, de criterios de calidad a la hora de adjudicar el contrato público, así como de primar la oferta más ventajosa económicamente. Esta situación provoca una guerra de ofertas a la baja entre las empresas licitadoras que trae finalmente como consecuencia que el traductor-intérprete reciba unos honorarios irrisorios y que la empresa se embolse, en algunos casos, hasta el 60 por ciento de la cantidad que paga la administración por cada servicio realizado. Todo ello lleva a que las empresas adjudicatarias de los servicios de traducción e interpretación contraten a personal sin cualificación (al menos en algunos casos, aunque afortunadamente no en todos) en detrimento de los verdaderos profesionales, muchos de los cuales han abandonado este sector por la precaria remuneración económica que reciben.

 

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta la siguiente cuestión. Los pliegos de licitación establecen los distintos requisitos de titulación que deben cumplir los traductores-intérpretes que presten el servicio. La empresa adjudicataria, por su parte, debe presentar ante la administración correspondiente una relación nominal de intérpretes y traductores que reúnen esos requisitos y que van a prestar efectivamente el servicio. El problema está en que nadie comprueba que las personas que realmente acuden a la sede policial o judicial sean aquellas incluidas en la relación nominal presentada.  

 

Los efectos se reflejan de forma clara y contundente en la calidad del servicio prestado, que desciende estrepitosamente, y cuyas consecuencias afectan a todos cuantos intervienen en el procedimiento, desde el extranjero directamente interesado, hasta el propio juez, fiscal, abogado o policía. Supone, por lo tanto, una clara violación del derecho a un juicio justo.

 

Por esta manifiesta vulneración de garantías procesales, la APTIJ tiene presentada una queja ante el Defensor del Pueblo, que todavía está tramitándose por parte de esa institución. El derecho a traducción e interpretación está íntimamente vinculado al derecho de defensa. No puede haber una defensa efectiva y, por ende, un juicio justo, sin una traducción ni una interpretación de calidad. 

 

(Última modificación: 2 de febrero de 2017)