¿En qué procedimientos interviene un traductor e intérprete judicial?

A grandes rasgos, podemos establecer dos tipos de actuaciones: las que son de oficio (penal y justicia gratuita) y las que son a instancia de parte. Así, cuando se trata de asuntos penales y civiles con justicia gratuita es el propio Ministerio de Justicia (o las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia) quien se encarga de pagar al traductor o intérprete, mientras que en los procedimientos civiles que no gozan de justicia gratuita es la parte quien sufraga los gastos del traductor o intérprete. Por otro lado, también interviene en algunos procedimientos contencioso-administrativos, como las solicitudes de asilo.

¿Cuál es la normativa que regula la profesión de traductor e intérprete judicial?

No existe ningún tipo de regulación legislativa de la figura del traductor e intérprete judicial, sólo se le menciona en varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 440 de la LECrim recoge el derecho a ser asistido por un intérprete, y el artículo 441 especifica lo siguiente:

 

“El intérprete será elegido entre los que tengan títulos de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo sepa.”

 

El artículo 762.8 de la LECrim, referido al procedimiento abreviado, elimina cualquier tipo de requisito:

 

“Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial”.

 

Del mismo modo, el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reza como sigue:

 

“En las actuaciones orales, el juez o tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquella.”

 

Resulta imperiosa la elaboración de una regulación específica en la materia.

¿En qué se diferencia un Intérprete Jurado de un intérprete judicial?

Es frecuente la confusión del profano entre estos dos tipos de profesionales.

 

El Intérprete Jurado es aquel que cuenta con un nombramiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores o de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia (Cataluña y Galicia) que le habilita para realizar traducciones e interpretaciones juradas. Este nombramiento puede alcanzarse principalmente por dos vías: bien realizando el examen que convoca el propio Ministerio anualmente, o bien justificando una serie de créditos en traducción jurídica e interpretación cursados en la licenciatura de Traducción e Interpretación. Las traducciones juradas pueden ser necesarias en multitud de ámbitos, tanto de la esfera pública (documentos de Registro Civil, académicos, etc.), como de la esfera privada (documentación notarial y cualesquiera otros documentos susceptibles de ser presentados ante la Administración pública).

 

El traductor e intérprete judicial es aquel que trabaja para los órganos judiciales. Existe el traductor e intérprete judicial de plantilla, que pertenece a la Admón. de Justicia, a la cual se accede por oposición, y también existe la figura del intérprete o traductor judicial freelance, que es un profesional independiente que realiza intervenciones o traducciones puntuales o trabaja para los organismos judiciales a través de una empresa en el caso de que esté licitado el servicio. Las titulaciones que encontramos entre este personal es muy variada y entre ellos también hay quienes son Intérpretes Jurados, si bien la legislación vigente no lo considera un requisito imprescindible. Mayoritariamente predominan las titulaciones de Licenciados en Traducción e Interpretación, Filología y Derecho.