¿En qué procedimientos interviene un traductor-intérprete judicial/policial?

A grandes rasgos, podemos establecer dos tipos de situaciones de partida en las que puede requerirse la intervención de un traductor-intérprete en sede judicial: las que son de oficio (en el orden penal y en los casos de reconocimiento del beneficio de justicia gratuita en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo) y las que son a instancia de parte. Así, cuando se trata de asuntos penales y asuntos de otro orden jurisdiccional con justicia gratuita reconocida a la parte que requiere la asistencia lingüística, es la propia administración de justicia quien busca al traductor o intérprete y asume el coste de su intervención, mientras que en los procedimientos no penales en los que la parte necesitada de asistencia lingüística no goza de justicia gratuita, es dicha parte quien lo busca y sufraga los gastos de traducción y/o interpretación.

La intervención del traductor o del intérprete en sede policial puede ocurrir en una situación pre-procesal penal, es decir, cuando el juez aún no ha incoado un procedimiento penal, por ejemplo, cuando se desea presentar una denuncia o se ha detenido a un sospechoso, o en una situación procesal, es decir, en el marco de un procedimiento penal ya abierto.

¿Qué normativa regula la profesión del traductor e intérprete judicial?

Esta figura está mencionada en algunas leyes procesales, pero no existe actualmente ningún tipo de regulación específica del estatuto del traductor e intérprete judicial.

Existen menciones a esta figura en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que rige el orden jurisdiccional civil (y supletoriamente los órdenes penal, contencioso-administrativo y social); la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que rige el orden penal; y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 142, 143 y 144, se refiere a la lengua oficial de las actuaciones judiciales, a la intervención de intérpretes y a los documentos redactados en idioma no oficial. El artículo 142.5 establece que en las actuaciones orales el tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción, como único requisito para su intervención.

La Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, ha transpuesto la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en procesos penales y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

El Preámbulo de esta ley orgánica dice lo siguiente: «La transposición de estas Directivas, que desarrollan dos aspectos esenciales de la defensa en el proceso penal, exige la modificación parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y conlleva un importante refuerzo de las garantías del proceso penal, mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación en este proceso y del derecho del imputado a ser informado sobre el objeto del proceso penal de modo que permita un eficaz ejercicio del derecho a la defensa

La Ley Orgánica 5/2015 ha modificado, no solo la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, sino también la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La citada Ley Orgánica ha introducido, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el nuevo capítulo «Del derecho a la traducción e interpretación» (artículos 123-127 LECr). Sin embargo, no ha modificado las menciones ya existentes relativas al intérprete judicial: los artículos 398 y 441 (en el Libro II, consagrado al Sumario) y el artículo 762.8 (en el Título II, consagrado al Procedimiento Abreviado, dentro del Libro IV).

El artículo 441 establece lo siguiente: «El intérprete será elegido entre los que tengan títulos de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo sepa

Por su parte, el artículo 762.8 dice: «Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial

Puede observarse, por lo tanto, que para la fase de sumario, es decir, la instrucción del procedimiento ordinario (destinado a enjuiciar delitos más graves y, por lo tanto, con aplicación menos frecuente), la ley fija una prelación de intérpretes. Sin embargo, para el procedimiento abreviado, el más común en la práctica diaria en el orden penal, el artículo 762.8 elimina cualquier exigencia de titulación y permite así la intervención de cualquier persona que diga conocer la lengua extranjera correspondiente.

La LO 5/2015 modifica también la LOPJ en su artículo 231.5, que queda redactado así: «La habilitación como intérprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable.» Es decir, se estará en cada caso a lo dispuesto en la normativa de cada orden jurisdiccional (civil, penal, contencioso-administrativo y social), que no exige ningún requisito de cualificación ni calidad, salvo lo especificado para el procedimiento ordinario en el orden penal.
 
Resulta imperiosa la elaboración de una regulación específica del estatuto del traductor-intérprete judicial. La Disposición final primera de la LO 5/2015 recoge la obligación de presentación de un proyecto de ley de creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación, con el fin de elaborar las listas de traductores e intérpretes a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El plazo para ello ya ha finalizado y estamos a la espera de que el Gobierno retome esta tarea pendiente.

La APTIJ considera imprescindible que se elaboren unas pruebas de acceso objetivas, válidas y fiables, para garantizar el acceso de personal cualificado a ese registro. Además, debería prohibirse la entrada de personas jurídicas, en sintonía con el espíritu de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, que habla de «registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados» (artículo 5.2).

 

(Última actualización: 2 de febrero de 2017)

¿En qué se diferencia un traductor-intérprete jurado de un traductor-intérprete judicial/policial?

Es frecuente la confusión del profano entre estos dos tipos de profesionales.
 
El traductor-intérprete jurado es aquel que cuenta con un nombramiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o de las comunidades autónomas con competencias en esta materia (Cataluña, Galicia y País Vasco) que le habilita para realizar traducciones e interpretaciones juradas a través del ejercicio libre de la profesión.

Este nombramiento puede alcanzarse por dos vías: bien superando el examen que convoca el MAEC o los órganos correspondientes de la comunidades autónomas, o bien mediante el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Las traducciones juradas pueden ser necesarias en multitud de ámbitos, tanto de la esfera pública (documentos del Registro Civil, académicos, etc.), como de la esfera privada (documentación notarial y cualesquiera otros documentos susceptibles de ser presentados ante la administración pública).

 

Listado del MAEC: www.exteriores.gob.es

Listado de Cataluña: llengua.gencat.cat

Listado de Galicia: www.lingua.gal

Listado del País Vasco: www.euskara.euskadi.eus

 

El traductor-intérprete judicial/policial es aquel que trabaja para los órganos judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las comunidades autónomas. Dentro de este ámbito existen dos figuras: el traductor-intérprete de plantilla y el freelance.

El traductor-intérprete judicial de plantilla, que pertenece al Ministerio de Justicia o al órgano correspondiente de la administración autonómica, o policial de plantilla, que pertenece al Ministerio del Interior, es un empleado público que ha superado una oposición. La titulación exigida (en cada caso, bachillerato, diplomatura, licenciatura o sus equivalentes) para acceder a estos puestos es distinta en el Ministerio de Justicia o del Interior y en las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas; varía asimismo entre las distintas comunidades autónomas con dichas transferencias (véase el apartado
Problemas comunes).

El traductor-intérprete judicial/policial freelance es un profesional independiente que trabaja para los organismos judiciales y policiales a través de una empresa adjudicataria en la que se ha externalizado el servicio tras un proceso de licitación.
Las titulaciones exigidas dependen del idioma y se establecen en los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas elaborados por la administración de que se trate.

Las titulaciones que encontramos en el colectivo de los traductores-intérpretes judiciales/policiales, tanto de plantilla como freelance, es muy variada. Entre ellos también hay traductores-intérpretes jurados, si bien la legislación vigente no considera dicho nombramiento un requisito imprescindible para actuar en sede policial o judicial.