Comunicado de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ)

12/12/2017
Ante la noticia aparecida en el medio Economía Digital el pasado 30 de noviembre de 2017 (cuyo enlace figura al final de este comunicado), referente a la suspensión de un juicio en el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) desea hacer constar lo siguiente:

Es responsabilidad de todos los agentes implicados, desde las administraciones públicas contratantes hasta los intérpretes y traductores profesionales que finalmente realizan los encargos, pasando por todos los operadores jurídicos involucrados en los procesos judiciales (jueces, fiscales y abogados), asegurar servicios de traducción e interpretación DE CALIDAD en sede judicial y policial.


En primer lugar, desde el mismo momento en que se aprecien dudas o inseguridades por parte de alguna de las anteriores personas sobre la idoneidad del intérprete, el  juicio, declaración o diligencia de investigación de que se trate debe ser suspendida. Es obligación del intérprete comunicar su no disponibilidad o la ausencia de cualificación para ese encargo en concreto y también la del operador judicial no comenzar un acto en el que no se puedan salvaguardar las garantías procesales. Si, como reza la noticia «la juez estaba advertida de que la nueva traductora tenía dificultades para entender al acusado y lanza una pregunta. ¿Comenzamos con la traducción?», la situación sobrevenida de suspensión del juicio era fácilmente previsible y podría haberse evitado, solicitando la citación de un intérprete debidamente cualificado para ese asunto en concreto. Dicho lo cual, entendemos que ese juicio no debería haber comenzado sabiéndose las dificultades de comprensión de la intérprete con el acusado.


En segundo lugar, no deben requerirse los servicios de un intérprete cuando se va a dar la posibilidad al ciudadano extranjero de declarar en castellano. La presencia del intérprete supone un gasto de dinero público que debe tenerse en cuenta de antemano. O se declara en castellano, siempre que existan garantías de que se cuenta con conocimientos suficientes para ello, o se declara en la lengua materna del declarante/investigado/acusado. Estas comprobaciones deberían llevarse a cabo con anterioridad a la celebración de los juicios. La Directiva 2010/64 establece en su artículo 2.4 lo siguiente: «Los Estados miembros velarán por que se establezca un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete». Además de los protocolos que en su caso pudieran ponerse en marcha a este respecto, como ocurre en países como Estados Unidos, un coordinador de intérpretes que pertenezca a la Administración Pública podría ocuparse de optimizar al máximo los recursos existentes y evitar gastos innecesarios.


En tercer lugar, en la noticia se afirma que la Comunidad de Madrid ha contratado a una traductora-intérprete de árabe clásico, cuando en la mayoría de los casos se trabaja con árabe dialectal: «”El 90% de los casos con los que trabajamos con intérpretes  son de lengua marroquí”, explica una funcionaria». En caso de que esta afirmación sea cierta, es responsabilidad de la Administración Pública comprobar si las cualificaciones del personal que contrata se adecúan a las necesidades del servicio.


Por último, en la noticia se habla de intérpretes oficiales y traductores de la empresa subcontratada. Existen, en todo caso, traductores-intérpretes contratados directamente por la Administración Pública competente, pertenecientes por tanto a su plantilla, y traductores-intérpretes que prestan sus servicios a través de las empresas adjudicatarias de los servicios. En ningún caso debería ser admisible que una empresa se negara a suministrar intérpretes de una lengua en concreto alegando la existencia de un intérprete de esa lengua en plantilla, porque ese intérprete puede no estar disponible, por el motivo que sea, y la Administración Pública debería exigir a la empresa que cumpliera con su parte del contrato, que es suministrar un intérprete de la lengua requerida.


Creemos que situaciones como la descrita en la noticia podrían ser fácilmente evitables y que es responsabilidad de todos los agentes implicados no permitir que ocurran.
 

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/mas-degradacion-en-las-traducciones-judiciales-el-me-entiende-yo-no_523187_102.html


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