NOTA DE PRENSA 20-07-2018

20/07/2018
Ante las noticias aparecidas en el periódico digital El Español el 19 de julio de 2018 y en el periódico digital eldiario.es el 20 de julio de 2018 referentes al impago a los traductores e intérpretes que colaboran con las empresas adjudicatarias del servicio de traducción e interpretación de la Dirección General de la Policía, y en apoyo del comunicado de un grupo de intérpretes externos que prestan servicio en organismos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, desea hacer constar lo siguiente:

El derecho a traducción e interpretación en sede judicial y policial es uno de los instrumentos que garantizan el derecho a la defensa y a un juicio justo. El servicio de traducción e interpretación de los ministerios de Justicia y de Interior se presta por una escasa plantilla propia de traductores-intérpretes y por empresas a las que se ha adjudicado dicha provisión del servicio tras un procedimiento de licitación.

Los pliegos, tanto para el contrato de la Dirección General de la Policía (comisarías), como para el contrato del Ministerio de Justicia (órganos judiciales), incluyen unos requisitos académicos y profesionales para los traductores e intérpretes acordes con la exigencia de calidad de la traducción y la interpretación establecida en la Directiva 2010/64/UE, similares en las licitaciones de ambos ministerios.       

Los pliegos clasifican los idiomas en tres grupos (A, B y C) conforme a criterios de necesidad en el porcentaje total de asistencias lingüísticas, cada uno de ellos con exigencias de titulación y experiencia más o menos estrictas en función del grupo de idiomas de que se trate. 

Los pliegos de las licitaciones han de ser cumplidos por las adjudicatarias en todos los casos, pero más si cabe cuando el objeto del contrato es un derecho como la traducción e interpretación en sede judicial y policial, vinculado al derecho fundamental de defensa.

Es de alabar que el Ministerio del Interior por primera vez haya declarado desierta la licitación 012/17/CO/05 ante la falta de cumplimiento por las empresas de esos pliegos. No ha sido el caso de la licitación del Ministerio de Justicia.

La queja ante el Defensor del Pueblo que APTIJ presentó en 2016 denuncia la inobservancia de los pliegos en la práctica diaria de juzgados y comisarías por parte de las empresas adjudicatarias y la ausencia de control posterior a la adjudicación por parte de las administraciones concernidas.

Sería impensable que esta situación se diese en un servicio como el turno de los abogados de oficio, sin embargo, está normalizada en el ámbito de traducción e interpretación en sede judicial y policial.

Estas empresas dan trabajo a traductores e intérpretes, por cuenta propia y ajena, que cumplen sobradamente los requisitos de los pliegos, pero en demasiadas ocasiones también a otros que no lo hacen. Aquí está el primero de los problemas, hecho que conduce en muchas ocasiones a la violación de derechos fundamentales de detenidos, sospechosos y acusados, que rara vez es denunciada.

La segunda cuestión, que ahora sale a la luz, es el impago a estos traductores e intérpretes, en su gran mayoría autónomos, que llevan meses trabajando gratis para estas empresas, las cuales siguen prestando el servicio sin interrupciones. Es cierto que la situación en la Dirección General de la Policía actualmente está bloqueada por la prórroga del contrato anterior, pero las empresas en cuestión prestan el servicio también en el Ministerio de Justicia con los mismos profesionales y este organismo no se encuentra en situación de bloqueo. Los profesionales por cuenta propia presentan sus facturas por todas sus intervenciones del mes, independientemente de ante qué administración hayan prestado su asistencia y no ven abonadas ni unas ni otras. Se encuentran en esa situación de impago también algunos de los traductores-intérpretes por cuenta ajena de estas empresas.

Queremos asimismo aclarar que la traducción de la documentación intercambiada con Alemania en el caso Puigdemont no ha sido realizada por personal de plantilla del Ministerio de Justicia puesto que no existe ninguna plaza de traductor-intérprete de alemán adscrita al Tribunal Supremo.

Por todo lo dicho anteriormente, APTIJ desea recordar a ambos ministerios la importancia que tiene este servicio y la urgente necesidad de cambiar su sistema de provisión. Nunca debería haberse licitado y es la administración pública la que tiene que gestionarlo desde dentro, no a través de una entidad con evidente ánimo de lucro.


El Español:

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180719/retrasado-respuesta-llarena-alemania-traductores-llevan-sin/323468682_0.html

El Diario:

https://www.eldiario.es/economia/presupuesto-traduccion-Direccion-General-Policia_0_794421194.html

Comunicado intérpretes freelance:
http://www.aptij.es/img/doc/Comunicado_AN_freelancers.pdf

Descargue la nota de prensa aquí:
http://www.aptij.es/img/doc/comunicado%20impagos%20julio%202018.pdf

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