26/07/2016El pasado viernes, 22 de julio de 2016, la APTIJ presentó en la Oficina del Defensor del Pueblo una queja sobre la prestación del servicio de traducción e interpretación en sede judicial y policial en nuestro país.
El planteamiento era, por un lado, elaborar un documento que tuviera la suficiente consistencia para ser estudiado y analizado en profundidad por parte de dicha institución y, por otro lado, se pretendía que fuese una petición fuerte, firmada por toda la profesión y por el sector académico. Para ello, se ha conseguido el respaldo de catorce asociaciones profesionales y la FILSE (Federación de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes), que forman parte de la Red Vértice, y de las universidades que integran la CCDUTI (Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación).
El 11 de agosto, la Fédération International des Traducteurs (FIT) se unió a la queja presentada por la APTIJ dirigiendo una carta a la Defensora del Pueblo.
Esperamos que esta queja sea objeto de un profundo análisis y que el Defensor del Pueblo inicie una investigación que permita recomendar al Gobierno un cambio en el sistema de provisión del servicio.
Puede ver el documento aquí.
